La legislación aduanera en Colombia ha sido objeto de múltiples cambios en los últimos años, lo que ha generado un ambiente de inseguridad jurídica para los actores del comercio exterior. Esta inestabilidad normativa no solo afecta la eficiencia operativa de las empresas involucradas, sino que también impacta negativamente en la confianza de los inversionistas y socios comerciales.
La legislación aduanera en Colombia está regulada principalmente por el Decreto 1165 de 2019, mediante el cual se establecen las reglas y procedimientos que rigen el ingreso y salida de mercancías del territorio nacional, incluyendo aspectos relacionados con la valoración, clasificación arancelaria, y los procedimientos de importación y exportación.
Sin embargo, la legislación aduanera en Colombia ha experimentado numerosos cambios y ajustes a lo largo de los años, impulsados por diversos factores como la necesidad de adaptación a estándares internacionales, cambios en la política económica y comercial del país, y la implementación de tratados de libre comercio, lo que ha generado un entorno de constante adaptación y readaptación para las empresas, e incrementado la percepción de inseguridad jurídica.
Causas de la Inseguridad Jurídica
Frecuencia y volumen de cambios normativos: La constante modificación de las normas aduaneras, dentro de las cuales se pueden advertir 10 decretos modificatorios del Decreto 1165 de 2019, es decir 2 en promedio por año, dificulta que las empresas mantengan un conocimiento actualizado y preciso de las regulaciones aplicables. Sin tener en cuenta que también se modifican las Resoluciones reglamentarias, las circulares y demás normas, lo que genera incertidumbre y riesgo de incumplimiento involuntario.
Interpretación y aplicación inconsistente de la Ley: La interpretación de las normas aduaneras puede variar entre las diferentes autoridades y funcionarios, lo que resulta en una aplicación inconsistente de la ley. Esta falta de uniformidad crea un ambiente donde las decisiones pueden ser impredecibles, afectando la planificación y operación de las empresas.
Falta de capacitación y conocimiento especializado: Tanto las autoridades aduaneras como los actores del comercio exterior a menudo carecen de la capacitación y el conocimiento especializado necesarios para interpretar y aplicar adecuadamente las normas, lo que contribuye a errores y malentendidos, incrementando la sensación de inseguridad jurídica.
Burocracia y procedimientos complejos: La complejidad y burocracia de los procedimientos aduaneros en Colombia también añaden un nivel de dificultad que puede resultar en errores y retrasos y además los cambios normativos no simplifican estos procedimientos sino que los complican aún más, lo que exacerba la inseguridad jurídica.
Consecuencias de la Inseguridad Jurídica
Soluciones y recomendaciones
Es fundamental reducir la frecuencia de cambios en la normativa aduanera y asegurar que cualquier modificación sea resultado de un proceso de consulta amplio con las partes interesadas. La implementación de cambios debe ser gradual y previsible.
Se debería invertir en la capacitación continua de los funcionarios aduaneros y los actores del comercio exterior para asegurar una interpretación y aplicación coherente de las normas. La profesionalización del personal aduanero puede mejorar significativamente la eficiencia y confiabilidad de los procedimientos.
Convendría simplificar y racionalizar los procedimientos aduaneros para reducir la burocracia y los puntos de fricción. La digitalización y automatización de procesos pueden contribuir significativamente a este objetivo, aumentando la transparencia y reduciendo los errores.
Conclusión
La inseguridad jurídica en la legislación aduanera colombiana representa un desafío significativo para el comercio exterior. La frecuencia de cambios normativos, la interpretación inconsistente de la ley, la falta de capacitación adecuada y la complejidad de los procedimientos son factores que contribuyen a este problema, sin embargo, con un enfoque en la estabilidad normativa, la capacitación, la simplificación de procedimientos y una comunicación transparente, es posible mitigar los efectos negativos y crear un entorno más favorable para el comercio exterior en Colombia, y además se fortalecerá la confianza de los inversionistas y se mejorará la competitividad del país en el mercado global.