¿Cuándo conviene el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo?
En está ocasión trataremos sobre la conveniencia del reintegro del trabajador a su puesto de trabajo cuando ha sido despedido con justa causa por la causal enunciada en el numeral 7 literal b) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, consistente en la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que sea absuelto.
El accionante, en el proceso menciona que fue vinculado al proceso penal para ser investigado por el delito de peculado por apropiación, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena mediante proveído del 2 de diciembre 2010, condenó al accionante a la pena principal de 54 meses de prisión como autor responsable el punible de peculado por apropiación, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término señalado para pena privativa la libertad. Que luego, la Sala Penal de ese Tribunal, mediante providencia del 1º de marzo del 2013, revocó el fallo, y en su lugar, lo absolvió de los cargos imputados.
En razón de lo anterior, el accionante justificó que la solicitud de reintegro era válida, por lo tanto, la empresa tiene la obligación de pagar los salarios y prestaciones debidas desde el momento del despido con justa causa, sustentado por el empleador en la norma del Código Sustantivo del Trabajo anteriormente mencionada.
Para efectos de tener en cuenta el reintegro, se debe evaluar que la inconveniencia del reintegro del trabajador a la empresa, ha de referirse y deducirse, no de cualquier circunstancia, sino de condiciones calificadas, idóneas e imperativas, es decir, que el reintegro debe darse en condiciones adecuadas para el trabajador.
Por último, en esa misma dirección, conviene agregar que el poder discrecional que la ley laboral le otorga al juez, para que sea él quien decida cómo proteger la estabilidad laboral del trabajador, si otorgándole una indemnización o el reintegro a su puesto de trabajo, propendiendo al equilibrio con los intereses de la empresa, se debe de ejercer para estimar perentoriamente si las incompatibilidades, deficiencias o diferencias, son superables. Así las cosas, queda en cabeza del legislador establecer si es adecuado o no el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo.
