La Ley Estatutaria 2097 de 2021, crea el registro de deudores alimentarios morosos.
Pese a existir diferentes mecanismos legales dirigidos a garantizar el cuidado y sostenimiento económico de los hijos como:
Lo fundamental de esta ley es conocer el procedimiento y las consecuencias de la inscripción en el registro para su efectividad.
El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez o funcionario que conoce o conoció del proceso quien, previo a ordenar la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor que se reputa en mora por 5 días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de 5 días hábiles para resolverlo.
Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción, el juez o la autoridad competente oficiará en un plazo no mayor a 5 días hábiles a la entidad encargada de su registro con el propósito de hacerla efectiva.
Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a 5 días hábiles a la entidad encargada de registro con el fin de cancelar la inscripción. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del registro.
La entidad designada por el Gobierno Nacional para implementar, administrar y mantener el Redam remitirá la información contenida en dicho registro para las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia.
La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el registro recaerá únicamente en el Estado. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano.
Con la expedición de esta Ley Estatutaria, Colombia entra a formar parte de países como Argentina, Méjico, Perú y Uruguay que han adoptado este registro como una herramienta importante para combatir los conflictos asociados al incumplimiento de las obligaciones alimentarias que tienen los padres para con sus hijos con el fin de disminuir el número de delitos por este concepto.